DEMOCRACIA, CORTE
SUPREMA Y LEY DE MEDIOS
Estamos frente a un gran desafío como sociedad. Lo
que está en juego el próximo 27 de Octubre, no es solamente, la renovación
parcial del Congreso Nacional. Como se ha escrito y comentado en diferentes
análisis, lo que está en disputa es el proyecto de Nación que nos daremos los
argentinos.
Es la esencia misma del sistema democrático lo que
está en debate.
Tenemos que elegir si seguimos por el duro camino de
una democracia adulta, soberana, inclusiva, generadora y defensora de derechos
y obligaciones, como desde el 25 de Mayo de 2003. O si volvemos a la democracia
condicionada y sometida a los factores de poder, como aconteció desde que
recuperamos la democracia en 1983 y durante gran parte de nuestra historia, salvo
raras excepciones.
Porque, como también ha quedado claro, de lo que se
trata, en definitiva, es quien tiene el poder en la Argentina.
Si dejamos que siga en manos de los grandes grupos
empresarios corporativos o en la soberanía popular. Que se expresa a través del
gobierno elegido de manera democrática.
Nuestro sistema democrático basado en una
Constitución Nacional que tiene dos siglos de vida y algunas reformas (que
deberían revisarse, pero sería tema de otro debate) determina que el gobierno
nacional consta de tres poderes. Dos de los cuales se eligen por elecciones
libres y obligatorias, que son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El
tercero, el Poder Judicial, no está sometido a la elección popular.
Si tenemos en cuenta recientes fallos judiciales que
resultaron favorables a corporaciones empresarias en conflicto, no sólo con el
gobierno nacional (en realidad con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo)
sino fundamentalmente con los intereses de la mayoría de la población;
comprendemos que una parte importante del Poder Judicial no respeta la
soberanía popular. Ese sector del Poder Judicial no está a favor de una
justicia que contemple los derechos e intereses de la mayoría.
Esto, necesariamente, colisiona con el necesario
equilibrio que debe sostener y alimentar a un sistema democrático. Ese
equilibrio es inherente a la vida democrática. Es el equilibrio del poder.
Hoy, no es necesario un golpe de estado tradicional,
para lesionar y condicionar la democracia y los derechos de las mayorías.
Hoy, los gobiernos democráticos son desestabilizados
con otras metodologías. Tenemos los ejemplos concretos de Honduras y Paraguay
(exitosos) y de Ecuador (fallido).
Hoy, las empresas poseedoras de medios de
comunicación y sectores del Poder Judicial son artífices de golpes
institucionales, respondiendo a una nueva matriz golpista.
Incluso, por la presión de esos medios de
comunicación con posición dominante y estructura monopólica, sumado a fallos y
medidas judiciales que los benefician, pretenden gobernar por encima de la
voluntad popular expresada en las urnas y materializada en leyes votadas por
amplias mayorías del Congreso. Como manda la Constitución
Nacional.
Ya no es necesaria la utilización de las fuerzas
armadas para derrocar o condicionar a un gobierno democráticamente elegido.
El sistema de poder corporativo defiende sus
privilegios de clase con nuevas armas y se resiste a los cambios surgidos y
producidos en las mayorías populares y que se plasman en leyes votadas según
las normas que nos rigen.
Hoy, parte del Poder Judicial, en nuestro país,
funge como garante de esos privilegios que el sistema de poder no está
dispuesto a resignar. Aún a costa de vaciar la democracia y vulnerar no sólo la
voluntad popular, sino la Constitución
Nacional si es necesario.
Por esto, entre otras razones, hace casi cuatro años
que una medida cautelar tiene bloqueados artículos fundamentales de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual. Por eso el fallo de la Corte Suprema de Justicia impide
que el predio de la Rural
de Palermo, vendida a precio vil en la década del 90, vuelva a manos del
Estado, como bien público.
El prestigio de sus integrantes está en la mira de
toda la sociedad.
El pueblo movilizado acompañará la Audiencia Pública
del 28 de Agosto. En defensa de la
Ley de Medios de la Democracia.
En defensa de la Democracia.
Daniel Mojica
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