ESTADO Y PODER JUDICIAL
¿Es sano para la democracia tener un Poder
Judicial que sea independiente del proyecto de país que la ciudadanía elige
mediante el voto popular?
Desde los tiempos en que la Nación se organizó
políticamente existen dos proyectos de país en pugna. A saber: a) El país
agroexportador, dependiente de la potencia hegemónica de turno, donde la
economía subordina las decisiones políticas en connivencia con intereses ajenos
a un desarrollo independiente y en contra del bienestar de las mayorías
nacionales; y b) El país soberano, industrializado, con un desarrollo que
contemple el bienestar de la mayoría de los argentinos y donde la política
subordina a la economía.
En función de esta realidad hay dos ejes que se
complementan: la soberanía política y la independencia económica de factores
externos.
Es cuando surge la pregunta crucial, en vista
de la historia nacional ¿es sano para la democracia un Poder Judicial
independiente del Proyecto de País y por ende del rol que este le asigna al
Estado?
Si se analiza el papel jugado por el único
poder del estado no elegido en forma democrática por la ciudadanía desde la
promulgación de la Constitución Nacional (C.N.) de 1853 y sus posteriores
reformas (salvo el breve interregno entre 1949 y 1955, cuando rigió la C.N.
promulgada durante el primer gobierno peronista), el sistema de justicia
respondió siempre a los intereses de las clases dominantes. La República
Argentina ha tenido una justicia clasista, para defender el proyecto de país
dependiente que pensaron quienes se dividieron el país y se creyeron (y obraron
como) los “dueños de la Argentina”.
Durante el breve período antes consignado entre
1949/1955, al menos en el plano de las relaciones laborales la relación de
fuerzas dentro de ese ámbito del derecho, se inclinó a favor de los intereses
de los trabajadores.
Tal vez no se contó con el tiempo suficiente
para cambiar la matriz clasista del Poder Judicial, que persiste en la
actualidad.
La República Argentina como parte de un
continente colonial, asiste a un sistema de poder que es anterior a la
organización nacional y que pervive luego de la recuperación de la democracia
de las garras de ese sistema de poder que necesitó provocar el genocidio de una
generación para imponer un plan económico y político que dejara afuera a las
grandes mayorías nacionales.
Basta con observar la realidad reciente de
nuestra América para ver cual es el rol del Poder Judicial en esta parte del
planeta. Hay hechos muy significativos: Honduras, donde entre gallos y
medianoche se expulsa al presidente Zelaya con la anuencia del Poder Judicial,
o en Paraguay con la farsa de juicio que dejó fuera del gobierno al presidente
Lugo, legítimamente elegido por su pueblo.
Una mirada por nuestra realidad deja ver que la
causa Papel Prensa es cajoneada de manera vergonzosa, el caso de Carlos
Blaquier o de Vicente Massot, acusados de ser partícipes civiles de delitos de
lesa humanidad son dejados en libertad por “ese” sistema judicial clasista y
defensor del sistema de poder que no defiende el bienestar de los ciudadanos
que eligen de manera democrática (salvo al Poder Judicial) a su gobierno.
Hay quienes sostienen que el Poder Judicial fue
imaginado por Rousseau “para evitar el exceso de la democracia”. ¿No suena
parecido a lo que dijo un genocida de 1976 cuando justificó el asesinato de
jóvenes aduciendo que tenían “exceso de pensamiento”?
Estas reflexiones llevan a cuestionar el mismo
sistema de división de poderes. Porque además de lo antedicho y profundizando
el carácter de “clasista” o de casta de dicho poder, ellos no pagan impuestos y
son vitalicios en sus funciones. Lo que no parece muy democrático.
Por eso planteo la pregunta ¿Es sano para la
democracia tener un Poder Judicial que sea independiente del proyecto de país
que la ciudadanía elige mediante el voto popular?
Daniel Mojica
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