¿POR QUE SERA QUE CIERTAS COSAS NO LAS PUBLICA "EL GRAN DIARIO ARGENTINO"?

Sería bueno para la opinión pública que Giudice cuente su relación con el CASO CROMAÑÓN: Diputada Silvana Giudice Santinelli dejó en evidencia el entramado político y empresario. "Yo remitía los informes a Silvana Giudice. Pero cuando va al Congreso como diputada todo cambió. Ella quiso hacer las inspecciones con todas las áreas presentes a la misma vez". "Carmen Pruzac, encargada de jurídicos fue traída por Marcelo Antuña y además salía a comer con Fabiana Fiszbin". Respecto al coordinador de inspectores, Rodrigo Conzzani, explicó "que era un estudiante de la facultad de derecho y que estaba en una agrupación. Giudice lo envió como inspector pero después me enteré que era muy amigo de Antuña". http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=02b92c7ef62545b73570bdc949d7214d La defensa logró demostrar durante este juicio que los secretarios Giudici y López ejercían sus funciones con una alta autonomía. Ibarra los dejaba hacer; no les impartía directivas; no los controlaba; no se enteraba de lo que pasaba, qué rumbo y qué estado tenía cada área, a pesar de ser áreas de alto riesgo. Ése no es el rol de un Jefe de Gobierno. Ibarra, según la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con los artículos 102 y 104, debió haber sido el estratega y planificador de las políticas llevadas adelante por sus secretarios; debió evaluar indicadores de gestión, análisis cualitativo; debió corregirlas; debió controlar y evaluar la gestión de sus funcionarios; impartirles las directivas centrales, etcétera. En un área tan sensible él debió haber tenido una actitud mucho más activa. Que más allá de las buenas intenciones que pudiere haber llevado el dictado de los citados decretos, lo que se desprende de la declaración testimonial de la actual diputada nacional Silvana Giudici, lo cierto es que ha quedado categóricamente acreditado en este juicio que las consecuencias de esos decretos fueron nefastas, a punto tal que puede con certeza decirse que el remedio fue mucho peor que la enfermedad. Cabe significar que dichos decretos se gestaron durante el desempeño de la actual diputada nacional Silvana Giudici, entonces a cargo de la Secretaría de Gobierno y Control Comunal, que abandonó al poco tiempo del dictado de las medidas. Por ello, resulta inverosímil lo expresado por el doctor López en el sentido de que no recibió instrucciones por parte del Jefe de Gobierno al asumir las funciones que tenían por objeto la aplicación de esa nueva normativa, siendo que, por otra parte, resultaría totalmente injustificado y habría configurado una gravísima negligencia que se hubiese omitido impartir esas instrucciones. ANTES Y DESPUÉS DE LA DIPUTADA GIUDICE Temática: Justicia EL JUICIO SE CALIENTA Cromañón: Corrupción a la vista Cientos de expedientes por inspecciones que desaparecieron en contenedores, el acta de intimación al boliche Cromañón que se hizo un año después del incendio y las relaciones del ibarrismo con los empresarios de la noche que violaban las normas. Postales de una nueva jornada en el juicio por República Cromañón. Por Lucas Schaerer El juicio oral y público por las víctimas de Cromañón tuvo este lunes su jornada más contundente. En la etapa final, llamada bloque de funcionarios, las sospechas de corrupción en relación a los locales bailables y bares fue una constante. Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 24, Horacio Santinelli, quien se había ausentado en la primera citación, reconoció que estuvo en Política Ambiental en la gestión del peronista Carlos Grosso, y que retomó al Gobierno a fines del 2003 por su relación con el Frepaso y respaldado por el entonces vicepresidente del partido, Ariel Schifrin. El testigo, en su breve pasó por la Unidad Polivalentes de Inspectores (UPI), que funcionó un tiempo en el estratégico entrepiso de la pizzería "Banchero" de la avenida Corrientes, sostuvo que Cromañón había sido clausurado "por un asesinato o pelea y que ello estaba en la Dirección de Habilitaciones y Permisos" y que a ellos los coordinadores los mandaban a "Once pero a controlar los artesanos". Santinelli detalló como eran las clausuras. "Una vez la consigna policial se fue y Marcelo Antuña la levantó, por ejemplo en un local de Güemes y Aráoz” y recordó las reuniones que Antuña, entonces subsecretario de Justicia y Trabajo, mantenía con empresario dueños de boliches. El testigo tampoco olvido de nombrar a los imputados en el juicio, como la ex subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin. "En el 2003 se hizo una fiesta por fin de año. Se celebró en el Club Defensores de Belgrano, que no contaba con habilitación por ser club. Ahí estuvo la gente de la Dirección Protección del Trabajo a cargo de Fabiana Fiszbin, el área de Habilitaciones y la senadora Vilma Ibarra". "Fiszbin y Antuña me dijeron que tuviera cuidado. Si yo enviaba informes a Antuña y no los respondía. Pero eso se terminó después de ganar las elecciones Ibarra. Me citó Fiszbin en su oficina de la calle Moreno y me anticipó que me tenía que ir". Cuando a Santinelli fue consultado por Alfredo Ucar, asesor de Fabiana Fiszbin, contestó que "entró como auxiliar de inspectores, como una especie de pasante. Luego pasó a ser asesor de ella. Me causó gracia en su momento porque antes me había pedido que lo echara porque no lo quería ver más". Cuando preguntó el abogado defensor Marcelo Faimberg a Santinelli como conocía de las reuniones de políticos y los varones de la noche porteña, el respondió severamente "porque Ibarra, Fiszbin, Antuña y Kampelmacher (ex director General de Verificaciones y Control, el área del "focazo") éramos todos del Frepaso". Rápidamente el abogado Faimberg al escuchar por más de una hora el testimonio que perjudicó a su defendida apeló a presentar pruebas contra Santinelli, a quien se le solicitó retirarse de la sala. El abogado Faimberg, reconocido en el ámbito judicial por sus altos costos para la defensa y asociado a Jorge Anzorreguy (h), sostuvo que "este testigo es un pseudo ingeniero. Nunca se recibió por lo que pudimos comprobar de información remitida por la UBA y UTN. Por ello lo voy a denunciar por falso testimonio agravado, falsificación de documentos que presentó al Gobierno y por defraudación porque cobró un plus por sus supuestos estudios", además para sumarle más contundencia a sus palabras sostuvo que "iba a pedir la detención inmediata al testigo". Ante ésta novedad, el fiscal general Jorge López Lecube, salió a responder "que las pruebas fueron recavadas en forma individual, sin la participación del tribunal, ni las partes" y añadió que el tema de los estudios del testigo "era una cuestión tangencial y que si de actuar en buena fe" el abogado debería haber presentado antes la denuncia y "no cuando no nos conviene la respuesta echamos manos a otras pruebas". Faimberg retrucó con que "el señor fiscal debe velar por el cumplimiento de la ley". Albino Stefanuolo, abogado defensor del imputado Raúl Villareal, sumó que "debía suspenderse el interrogatorio al testigo". La querella de las víctimas, José Iglesias, respaldo la postura del fiscal y sostuvo que "sea o no ingeniero Santinelli no modifica que habló de hechos que vivió como miembro del Frepaso". Luego de la disputa entre abogados defensores, y las querellas y el fiscal por otro, los tres jueces que conforman el TOC Nº 24 hicieron un breve cuarto intermedio. La ex subsecretaría de Control Comunal se había retirado con una notable sonrisa de victoria por los cuestionamientos al testigo, que además de sus estudios se veía sospechado por trabajar en la empresa Roggio. Pero la cara de la ex funcionaria se transformó cuando Cecilia Maiza, que presidió el tribunal, informó "que se remitían las pruebas al juzgado de turno pero que no se sumaría a la causa y que el testigo iba a continuar declarando", aunque nadie podía preguntarle por sus estudios "para evitar el legítimo derecho de no autoincriminarse". Santinelli dejó en evidencia el entramado político y empresario. "Yo remitía los informes a Silvana Giudice. Pero cuando va al Congreso como diputada todo cambió. Ella quiso hacer las inspecciones con todas las áreas presentes a la misma vez". "Carmen Pruzac, encargada de jurídicos fue traída por Marcelo Antuña y además salía a comer con Fabiana Fiszbin". Respecto al coordinador de inspectores, Rodrigo Conzzani, explicó "que era un estudiante de la facultad de derecho y que estaba en una agrupación. Giudice lo envió como inspector pero después me enteré que era muy amigo de Antuña". Sobre el área inspectiva los datos de su funcionamiento son demoledores. "No había ordenes por escrito", no inspeccionaban por oficio ante una irregularidad, sin registro de habilitaciones actualizado, y la información que remitían de los locales procedía de "Subsecretaria de Seguridad Urbana. Tampoco contaban con personal suficiente. "Hacíamos de administrativo y a la vez de inspector”. A veces pasaba que "en el medio de una inspección antes que nosotros aparecía un inspector del grupo Antuña. Llegábamos a los locales y los dueños nos mostraban tarjetas de Antuña, hasta una vez sacaron una tarjeta mía cuando estaba yo adelante". Además, contó que un inspector le dijo que no ingresara a una famosa casa de Flores donde se realizan recitales llamada "Planta Alta", y que sigue funcionando en la actualidad. "El dueño de Planta Alta me dijo que Kampelmacher estaba haciéndole el trámite de habilitación que no le podía clausurar". El segundo testigo, José Araniz, contó que estaba el mismo 30 de diciembre de 2004 cerca de la zona de Once en un operativo por la venta de alcohol. "Me dijeron que vaya al oficial a cargo para dar una ayuda. Cuando llegó la situación era shokeante. Así que como inspector no tenía nada que hacer y a las 3 de la mañana me fui”. El tercer testigo, Pablo Carlo Sánchez, que ingresó a la UPI en noviembre de 2003 se despachó con todo. A la semana de la tragedia en esa área seguían trabajando y por eso cuenta que "había unos 600 expedientes de habilitación en el sexto piso de la oficina de la avenida Patricios. Todos los expedientes fueron a parar a un contenedor. Eso después se tiraba. Sé que a cargo del traslado de esa documentación estaba Paula Trunso y Marcela Velazo". Este dato se suma al que habían trasmitido otros testigos que el 31 de diciembre de 2004 el ex funcionario e imputado Gustavo Torres junto a sus asesores retiraron pilas de expedientes. Sánchez añadió que cuando señaló alguna irregularidad sus jefes le decían que se callará la boca, ellos “eran Juan Carlos López, Víctor Tellías, Paula Trunso". Entonces el testigo relata que cuando clausuró Latino 11 "el operativo terminó ahí. Era raro porque nunca salíamos para ir a un solo local. Igual esto pasaba seguido. Te llaman de la base y suspendían. Esto hacia Tullías, López y Cozzani. Nos daban excusas para irnos del lugar pero eran mentiras. Recuerdo el caso del sanatorio Güemes". La cuarta testigo fue María Virgini Brizuela, quien fue la inspectora designada a República Cromañón pero que nunca inspección por "estar cerrado". Brizuela, que continúa en el Gobierno pero en el área de Industrias, reconoció que recibían los lugares a inspeccionar de "Rodrigo Cozzani pero que éste recibía las ordenes de Alfredo Ucar. El 20 de marzo de 2003 fuimos, yo y Carlos López, con una orden de trabajo por tres lugares y el mapa. Fuimos a la comisaría 7ª. Al lado del hotel Central Park estaba Reventón y el policía pasó y estaba cerrado. Eran las diez de la noche. Fuimos a Latino 11 y a Popularísimo, que fueron los lugares que dio la comisaría. Quien me dijo que estaba cerrado fue Víctor Tellías. Dejamos constancia de ello en la precaria órden de trabajo, sin nuestras firmas y lo entregamos a los administrativos después para que subieran a la base de datos". El informe tras la inspección fallida de Cromañón fue redactada un año después de la tragedia. Brizuela dio los detalles. "En marzo de 2005 Tellías me dijo que iba hacer un informe por Cromañón y me pidió que firmara. Le dije que no, y mi compañero Quieza tampoco firmó el acta". La testigo Brizuela se hizo famosa durante el juicio político a Aníbal Ibarra porque declaró abiertamente que antes de su declaración en la Legislatura se había reunido en la fundación de Ibarra de la calle Arenales. En el juicio penal en calidad de testigo lo ratificó. "Nos juntamos para preparar la declaración. Estábamos los que íbamos a declarar, Trunso y Velazco, con dos abogados". Quienes estuvieron en la Legislatura recordaron a este medio "que de esa reunión participó el abogado Julio Strassera y hasta Ibarra". Para el miércoles está previsto, por pedido de los abogados defensores, que declaré la imputada ex subsecretaria de control Comunal, Fabiana Fiszbin. http://www.lospibesdecromagnon.org.ar/spip.php?article30 http://blogs.clarin.com/radiosamfm/posts