En esta Argentina ya nadie duda que tenemos un gobierno que defiende los intereses de los grupos de poder.
Basta detenerse un segundo en los fallidos de sus funcionarios: “haremos lo mínimo necesario” avisó el presidente, y el jefe de ministros nos anunció que “beneficiamos a los que menos necesitan”. A confesión de parte, el poder judicial debería hacer algo. ¿No?
Pero tenemos una Corte Suprema alineada con el poder que hasta el 25 de Mayo de 2003 estuvo en las sombras. Ahora es evidente dónde está ese poder que hasta entonces se escondía.
Está en cada uno de los ministerios defendiendo sus negocios privados, en contra del bien público. El problema, es que una gran mayoría de jueces y fiscales responden a esos mismos intereses. Salvo contadas excepciones.
¿Cuántas pruebas más son necesarias para que se inicie el proceso de traición a la Patria y atentar contra la vida y los ienes de los argentinos, a la totalidad del gobierno?
¿En qué estado está la denuncia en ese mismo sentido realizada por los abogados del Instituto Arturo Sampay, entre los que se encuentra el doctor Eduardo Barcesat?
Se avasalla la soberanía nacional en beneficio de intereses ajenos.
¿Ningún integrante del Poder Judicial, que también es gobierno, tiene la cuota de patriotismo necesario para cumplir con su deber?
¿Qué dirigente político, sindical, social toma la posta y convoca al pueblo a la defensa de los derechos ganados y que están siendo demolidos uno a uno?
Los trabajadores, los estudiantes, el pueblo está ansioso de participar de esta gran gesta liberadora.
¿Quién se anima?
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