Luego de su posición corporativa contra el voto popular para los integrantes del Consejo de la Magistratura.
Luego de la vergonzosa y burda “operación Lorenzetti – Nación – Clarín” acerca de una operatoria de rutina de la AFIP. Lala Nación ha quedado seriamente dañada.
El daño fue causado por la propia CSJ con las últimas decisiones tomadas por la mayoría de sus miembros. Con la excepción del juez Raúl Zaffaroni.
Para poner en contexto ¿qué se dirime con la resolución de la tan postergada constitucionalidad de algunos artículos fundamentales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?
Nada más y nada menos que si un grupo hegemónico, monopólico, sospechado de lavar dinero, socio y cómplice de la dictadura genocida, que se quedó con la empresa Papel Prensa en la mesa de torturas, que excede largamente la cantidad de licencias que puede tener un grupo económico. Grupo que tergiversa y manipula la información, que miente descaradamente, privando a la sociedad del derecho a estar informado de manera veraz, puede seguir haciéndolo. O el pueblo, a través de sus representantes y mediante la ley le puede poner límites.
¿Qué es lo que está en juego entonces?
Está en juego el poder. Quien rige los destinos de la Nación. Si
La posición de algunos miembros de la CSJ en sus últimos fallos, de cariz netamente corporativo, la coloca sin dudas en las antípodas del sentir, las necesidades e intereses populares.
Planteando en los hechos un conflicto de poderes, impensado cuando Néstor Kirchner propició la renovación de la Corte adicta al menemismo.
¿Esta CSJ se quiere ubicar en el mismo escalón de desprestigio que la Corte que comandaba Julio Nazareno?
Todavía está a tiempo de alinearse con el tiempo histórico que estamos protagonizando como sociedad.
Puede elegir quedar en la historia como la Corte que falló a favor de un grupo de modalidades mafiosas, violando la voluntad popular. O como el Tribunal que hizo honor a la expectativa que acompañó su nacimiento.
Como pueblo esperamos que se respete nuestra voluntad, expresada en forma de Ley por el Poder Legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo elegidos democráticamente, como prescribe la Constitución Nacional.
Daniel Mojica
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