¿SE INVESTIGO TODO LO NECESARIO SOBRE LA TRAGEDIA DE CROMAÑON? ¿ESTAN CONDENADOS TODOS LOS QUE DEBIERAN SERLO?

El trasfondo del drama de República Cromañón - Bs As, 27 de Enero de 2005 - Fuente: Noticias Urbanas El 30 de diciembre de 2004 no fue un día más. Todo el país fue testigo de una de las tragedias no naturales más graves de nuestra historia. Ese día murieron más de 170 personas en el local bailable República Cromañón, más las que fallecieron después en los hospitales porteños, y las que, lamentablemente, pueden morir por los efectos residuales de la intoxicación que sufrieron producto del incendio que se produjo en el lugar. La cadena de responsabilidades deberá ser definida por la jueza en la que recayó la causa, María Angélica Crotto, pero hay detalles que no se pueden dejar de mencionar. Algunos aumentan el grado de responsabilidad del Gobierno de la Ciudad y, otros, de funcionarios, empresarios e incluso de los integrantes de Callejeros, el grupo de rock por el que más de 4.000 personas concurrieron a República Cromañón. Para empezar, si uno analiza el organigrama del Gobierno porteño previamente a la renuncia del secretario de Justicia y Seguridad Urbana, Juan Carlos López (ex cuñado de Aníbal Ibarra) y a los cambios impulsados por el flamante titular del área, Juan José Álvarez, se desprende que el sector del que dependía la habilitación de los locales de Clase C, como era el caso de Cromañón, era el de la subsecretaria de Control Comunal de la Ciudad, Fabiana Fiszbin, quien también renunció a su cargo luego de regresar de sus vacaciones en Brasil, cuatro días después de la tragedia. El jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, decidió crear a fines del 2003 un nuevo organismo de inspectores porque lo calificó como un "focazo de corrupción", además sostenía en los fundamentos esgrimidos para conformar el cuerpo de Profesionales Verificadores de Habilitaciones (PVH) que resultaba necesario verificar periódicamente el cumplimiento de lo autorizado en las habilitaciones por parte de los establecimientos comerciales, industriales, depósitos y de servicio referidos básicamente a constatar que la actividad que se desarrolla es la efectivamente habilitada, que la configuración física del establecimiento mantenga las características de su habilitación y que cumpla con condiciones de higiene y seguridad aceptables. En ese sentido, el Gobierno estableció que el Registro -integrado por profesionales universitarios con incumbencia para realizar trámites de habilitación y llevar a cabo las verificaciones que les sean formalmente encomendadas, pero sin poder de policía- debía ser organizado y supervisado por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dependiente de la subsecretaria de Control Comunal de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana, Silvana Giudici y así nació la Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI). Ya con Fiszbin como subsecretaria (desde diciembre de 2003 Giudici dejó su cargo porque fue electa diputada nacional por el Partido de la Ciudad, que llevó como candidato a jefe de Gobierno a Ibarra), en agosto de 2004 Ibarra disolvió la UPI y creó la Dirección General de Fiscalización y Control, a cargo de Gustavo Torres. Como directora adjunta, se desempeñó Ana María Fernández. Cabe mencionar que este nuevo cuerpo no funcionaba como el anterior, ya que trabajaba por muestreo y por denuncias. Es decir, no había un relevamiento constante en toda la Ciudad, sino controles esporádicos. LA DESIGNACIÓN DE ÁLVAREZ Juan Carlos López no sólo fue un funcionario de la confianza de Vilma Ibarra sino también de la actual pareja de la senadora nacional, Alberto Fernández, jefe del Gabinete de Ministros de la Nación. Fernández fue el primer funcionario importante que se reunión con Juan José Álvarez para ofrecerle reemplazar a López. Ambos se conocían desde hacía muchos años, cuando Jorge Telerman –de acuerdo a la historia oficial fue el vicejefe de Gobierno porteño quien propuso la designación de Álvarez- dejaba su columna en el programa sabatino de Juan Alberto Badía, por Canal 13, para convertirse en vocero de Antonio Cafiero. SI DE HABILITAR SE TRATA Con respecto a la habilitación de los locales, se exige un certificado extendido por la Superintendencia de Bomberos, que es la que autoriza el sistema contra incendios del boliche. Esta habilitación tiene una duración máxima de un año. En el caso de República Cromañón había sido aprobada en noviembre de 2003 y no fue renovada. Luego de que los Bomberos extendieron el certificado los dueños del local refaccionaron el salón, pero no fue avisado a las autoridades como es obligatorio. El 12 de abril de 2004 la Superintendencia Federal de Bomberos firmó, a través de la firma el jefe de la División Prevención, comisario Alberto Conrado Corbellini, una lista de locales que cumplían con las normas de seguridad contra incendios, y otra con 25 locales que no cumplían con esas normas. República Cromañón cumplía con las normas de seguridad, según la lista. Además, la Comisaría 7ª pidió a Juan Carlos López y Fabiana Fiszbin, a fines de febrero de 2004, que se realizaran inspecciones a cinco locales del barrio de Once. La inspección encontró al local cerrado, y los inspectores no hicieron algo por intimar a los responsables a abrirlo. Fiszbin es amiga personal de Vilma. Ninguno de los dos ni los otros funcionarios como el apoderado del Frente Grande desde 2001, Marcelo Antuña, subsecretario de Justicia y Trabajo, informaron acerca de reformas profundas en dependencias famosas por las denuncias de cobro de sobornos a los comerciantes. La única argumentación fue que, cuando fue designada Fiszbin, sólo había 30 inspectores y ahora ya eran 220, con un objetivo de 500. ¿Qué hacían los inspectores? ¿Eran todos inspectores o también había recaudadores? Son preguntas que se hacen en el juzgado de Crotto, ya que si había un proyecto político de Alberto Fernández y Vilma Ibarra, ¿cómo se financiaba? ¿A quién le entregaba el dinero Omar Chabán, si es verdad lo que deslizan sus defensores legales, de que habría apelado al soborno para limitar inspecciones o aprobarlas en sus variados emprendimientos? Es de esperar que la jueza dé relevancia a la afirmación vertida en un matutino que afirmaba que "la Defensoría del Pueblo porteña había alertado a Fiszbin del riesgo que suponía la falta de seguridad en los boliches". Según fuentes de la Defensoría, ella quiso avanzar, pero no pudo cerrarlos. Habría argumentado que clausurar era una decisión política que la superaba, ya que ello explicita claramente la existencia de órdenes, emanadas del poder político al que respondía la ex subsecretaria, para otorgar impunidad a determinados locales de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo pronto, fuentes de la Secretaría de Seguridad aseguraron que varios empleados del área fueron incrementando su capital. "Por lo pronto, Juan Carlos Loupias, personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, no se encontraba en Buenos Aires el día de la tragedia porque invitó a diez personas por una semana a Brasil. Es extraño porque su sueldo era de aproximadamente 2.500 pesos", señalaron. DATOS DE LA TRAGEDIA El día que se produjo el desafortunado incendio, no había en la Ciudad responsables directos de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana. "El que se encargó de todo no tiene rango ni de Director, fue Pablo Cejas. El tuvo a su cargo todo, hasta que llegó alguien de peso", manifestó personal del área operativa del área. Absolutamente todos los jefes de área así como quienes ocupaban cargos operativos prestaron servicio en la emergencia de Once, prácticamente sin dormir y durante cuatro días seguidos. Sin embargo, fueron despedidos esta semana sin la renovación de los contratos. Cabe aclarar que nadie dejo de trabajar el 31 a la noche porque vencían los contratos, mientras que en otras áreas si. Sin ir más lejos, cierto grupo de auxilio se retiró la noche de la emergencia por no contar con los famosos módulos. Actualmente el área de control comunal sigue en pie y son ellos quienes realizan estos "nuevos" controles. En lo que hace al local, según atestiguan muchas de las personas que tuvieron relación con Cromañón "todas las llaves del local eran manejadas por personal del hotel, sin excepción. Ellos cerraban la puerta de emergencia con candado para que las personas que iban al boliche no se metieran al hotel. Además, el sonidista del lugar grababa todo como rutina de trabajo en VHS, lo que puede estar bajo el secreto de sumario". Otra de las versiones que ha cobrado gran fuerza es que Omar Chabán -gerente del lugar, pero no su dueño legal- había advertido en varias oportunidades que podría ocurrir un accidente en el lugar e incluso habló con el manager de Callejeros para parar el recital, pero éste se habría negado. "El grupo era co-organizador del evento, por lo que también le cabe responsabilidad en la tragedia", expresó un allegado a la banda. Más allá de esto, las normas que fueron violadas por el empresario en lo que respecta a la sobreventa de entradas, el ingreso de menores de edad y la utilización de pirotecnia hacen que una posible culpabilidad de la banda, no exima de culpa a Chabán ni a los dueños del local, hasta ahora miembros de una sociedad fantasma radicada en Uruguay. EL DESPUÉS Mucho se ha dicho sobre la organización posterior a la tragedia. El papel del Gobierno porteño ha sido fuertemente criticado por propios y ajenos al Ejecutivo, siempre teniendo en cuenta lo excepcional del hecho, lo cual -sin duda- justifica algunas desinteligencias ni bien ocurrió el incendio. Pese a esta salvedad, hay un par de temas que deben mencionarse. Según comentaron dos colaboradores voluntarios en la morgue de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Mansilla y Eliana Vasconcelo, una de las cosas que debería haber echo Ibarra era "autorizar por decreto la utilización de alguna cámara frigorífica que albergara los destrozados cuerpos que yacían amontonados en el piso de la morgue siniestra". Tanto Mansilla como Vasconcelo además se preguntan (en una carta dirigida al jefe de Gobierno publicada en el sitio de internet quenoserepita.cjb.net): "¿Cómo fue que no se logro coordinar un centro único de información centralizada que difundiera un listado de personas fallecidas y hospitalizadas que arrojara un poco de luz frente a tanta tiniebla? Fallaron hasta en los mas mínimos detalles. Convocaron a familiares padres y abuelos al CGP de Junín al 500, en donde el único baño disponible estaba en el segundo piso y con el ascensor roto".